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Un millón de personas quedan excluidas de ejercer su derecho de voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña.

A pesar del contexto de pandemia por la Covidien-19, el próximo 14 de febrero están convocadas 5.623.962 personas con nacionalidad española a ejercer uno de los derechos fundamentales: el derecho de voto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que se debe proteger el derecho de la participación política de la ciudadanía.

Desgraciadamente, 1 millón de personas, vecinos y vecinas (muchas de ellas nacidas aquí) son ignoradas por la justicia y serán excluidas de participar en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14-F. Ciudadanos y ciudadanas de este país que no tienen reconocido el derecho de sufragio, pero sí las mismas obligaciones que los ciudadanos y ciudadanas que están convocados a las urnas. Una anomalía en una sociedad democrática, plural y diversa que se ha ido construyendo con las aportaciones del conjunto de la población.

La participación política y el derecho de voto de este ciudadanos es una cuestión que desde diversos ámbitos de la sociedad debería abordar, porque no es normal que miles de personas que residen en Cataluña y en España no pueden participar plenamente de la vida política y elegir a sus representantes en el gobierno. Como hace tiempo no fue normal que las mujeres en el mundo o las personas negras estadounidenses vivieran esta desigualdad y no pudieran votar.

Desde el AMIC-UGT hace tiempo que lo denunciamos. Creemos que esta discriminación debilita el sistema democrático de este país y favorece el segregacionismo de una parte importante de la población.

Por todo ello pedimos:

• En el conjunto de la sociedad, continuar trabajando por la calidad democrática que garantiza derechos fundamentales a todos, un modelo de convivencia y participación en la sociedad basado en la igualdad y el reconocimiento de la diversidad cultural.

• Luchar contra el fascismo y el avance de la ultraderecha que, con su ideología del odio, criminaliza la población inmigrada, fractura la convivencia y la cohesión social. Es un virus que también se debe erradicar.

• A las fuerzas políticas que conformarán el Parlamento de Cataluña, la voluntad política para la consecución del derecho de voto de las personas extranjeras.

En esta crisis sanitaria y económica, muchos de nuestros vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, personas sin nacionalidad española, han estado en primera línea (personal del ámbito de la salud, de la limpieza, del campo, de servicios esenciales , etc.) de forma comprometida y, en muchos casos, de forma desinteresada, con la sociedad en la que han decidido vivir. La pandemia, sin duda, nos ha puesto a prueba a todos, tanto en el aspecto sanitario, económico, social y político. Tenemos la oportunidad de mejorar como sociedad y no dejar a nadie atrás.

Desde hace meses se está denunciando el gran colapso de la sede electrónica de cita previa en la Policía nacional para la toma de huellas a las persones
extranjeras residentes en Cataluña y poder conseguir su tarjeta de identidad de extranjero (TIE). Este procedimiento lo han de hacer todas las persones
extranjeras, sean en los permisos iniciales, como en las modificaciones o renovaciones de las autorizaciones de residencia y de residencia y trabajo y de
las autorizaciones de larga duración. También en el caso de las reagrupaciones familiares y en el registro de extranjeros comunitarios y en la tramitación de la
tarjeta de familiar de comunitarios, entre otros trámites. Pero también afecta a todas las personas solicitantes de protección internacional, que tienen que
realizar los trámites de solicitud o de renovación también en las comisarías de policía. Es decir, afecta a la totalidad de personas residentes en el Estado
español.
La solicitud de cita, que se ha de hacer en la web del Ministerio de Administraciones Públicas, es hoy por hoy casi imposible y muchas personas
optan por pagar en un locutorio o en una plataforma digital o a particulares para obtener una cita. La cantidad a pagar se ha ido incrementando hasta llegar a
pagar entre 150 y 200 euros por cita. Esta situación se ve agravada en aquellas personas que tienen baja competencia digital, que les aboca necesariamente a
tener que optar para pagar por una cita.
Esta situación no es nueva, ni es debida a la pandemia, tal y como la quieren justificar algunos responsables, sino que hace meses, sino años, que se alarga.
Y esta situación de colapso del sistema de citas se verá agravada a partir del mes de diciembre cuando venza la prórroga de 6 meses de las autorizaciones
de residencia y trabajo que caducaban durante la vigencia del estado de alarma.
La falta de citas para obtener las tarjetas de identidad de extranjeros menoscaba los derechos y libertad de las personas extranjeras. No disponer de
la tarjeta de identidad de extranjeros tiene graves consecuencias para las personas extranjeras, ya que les dificulta su acceso en el trabajo (muchas
empresas no quieren formalizar un contrato de trabajo sin la tarjeta por desconfianza), pero también afecta la formalización de contratos de alquiler,
operar con una cuenta bancaria o acceder a trámites administrativos, como es el examen del carnet de conducir. No tener la tarjeta también impide poder
viajar al extranjero o realizar determinados trámites de extranjería, como es la reagrupación familiar. Y no menos importante, no tener tarjeta de identidad de
extranjero también dificulta enormemente el acceso a las prestaciones y ayudas sociales a las que se tenga derecho.
Esta situación ha sido denunciada por múltiples entidades sociales, de apoyo a personas inmigradas, por organizaciones sindicales y por diferentes fuerzas
políticas parlamentarias. El mismo Defensor del Pueblo ha emitido diferentes recomendaciones (en el mes de noviembre de 2019 y en junio del 2020)
dirigidas al Gobierno del Estado para resolver esta situación de colapso, que hasta hoy no han sido escuchadas.
Esta imposibilidad de conseguir las citas representa una clara discriminación en el derecho al acceso ágil y eficaz a la administración pública, ya que es
totalmente incompatible con los principios de servicio efectivo, simplicidad, claridad, proximidad y eficacia en la asignación de recursos públicos, previstos
en la Ley de procedimiento administrativo. Representa un caso claro de discriminación de la ciudadanía por motivo de origen y configura la existencia
de ciudadanos de primera y de segunda.
Por tanto, reclamamos que el Gobierno del Estado dote de los recursos tecnológicos y humanos necesarios a las administraciones implicadas para
resolver de manera inmediata este perjuicio que afecta a una parte substancial de la ciudadanía de Cataluña y para garantizar un acceso ágil y eficaz en la
tramitación de la expedición de las tarjetas de identidad de extranjeros.

Entidades promotoras
ACATHI, AMIC, Asociación Casal Pakistaní, Caritas Diocesana de Barcelona, CCOO de Cataluña, CEAR, CITE, Diálogos de Mujer, Eamiss, Fedelatina,
Grupo Las Libelulas, Mujeres Migrantes Diversas, Mujeres Pa’lante, Mujeres Unidas Entre Tierras, PIMEC, UGT de Cataluña