LA UGT DE CATALUÑA CONSIDERA QUE UNA GESTIÓN CERCANA DE LAS COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN PUEDE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA.
La Proposición de Ley Orgánica de delegación a la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, presentada recientemente en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, prevé, en su mayor parte, la delegación de la ejecución de la norma, sin que Cataluña pueda legislar por su cuenta sobre temas de extranjería. Actualmente, Cataluña ya tiene competencias en las autorizaciones de trabajo.
Si la proposición de ley se aprueba, solicitamos que se dote de los presupuestos necesarios y recursos adecuados, y que se acompañe de una voluntad política firme para garantizar los derechos humanos, el respeto y la dignidad de las personas extranjeras. Creemos que puede ser una herramienta real para mejorar las condiciones de vida de estas personas y reforzar una sociedad más justa e igualitaria.
Históricamente, las trabas burocráticas han supuesto un obstáculo para la regularización y el acceso a los derechos fundamentales de las personas migradas. Por ello, esta ley, en el marco de derechos y deberes, puede ayudar a agilizar los trámites de extranjería con la administración, reducir los tiempos de espera y simplificar los procesos administrativos, garantizando siempre una acogida digna y ágil.
La gestión de la inmigración no puede ser solo una cuestión administrativa, sino que debe representar un compromiso con la cohesión social, la justicia y los derechos humanos. Este acuerdo debe ser un primer paso hacia una política migratoria más inclusiva y efectiva, donde se respeten los principios de igualdad de oportunidades y se garantice la dignidad de todas las personas.
Además, es esencial que este proceso de debate se desarrolle con la participación activa de los agentes sociales y económicos, así como de las organizaciones civiles, que conocen de primera mano las problemáticas y necesidades en materia de extranjería y del mercado de trabajo. Un diálogo continuo entre la administración y estos actores es imprescindible para asegurar que las políticas migratorias respondan a las necesidades reales de la población afectada, de la sociedad de acogida y del mercado laboral catalán.
