22 DE FEBRERO, DÍA EUROPEO PARA LA IGUALDAD SALARIAL

En el Día Europeo para la Igualdad Salarial, desde AMIC-UGT de Cataluña denunciamos que la desigualdad salarial golpea con especial dureza a las mujeres con nacionalidad extranjera. Los datos oficiales evidencian una doble penalización: la brecha salarial entre mujeres y hombres (estadística desagregada por sexo) y la desigualdad por nacionalidad. El resultado es una concentración de salarios bajos y una vulnerabilidad laboral sostenida en el tiempo.

SE SITUAN A LA COLA EN BRECHA SALARIAL

Según la Estadística Anual de Estructura Salarial (EAES 2023), el salario bruto anual medio en Cataluña es de 29.978,69 euros. Las mujeres perciben 27.240,93 euros y los hombres 32.721,58 euros: las mujeres cobran el 83,3% del salario de los hombres. La fractura por nacionalidad es aún más marcada: la población con nacionalidad española tiene un salario medio de 30.928,88 euros, mientras que la población con nacionalidad extranjera baja hasta los 24.037,24 euros (casi 6.900 euros menos). Cuando combinamos sexo y nacionalidad, el corte es inequívoco: las mujeres con nacionalidad extranjera tienen un salario medio de 22.479,74 euros, 11.634 euros menos que los hombres con nacionalidad española (34.113,65 euros). Es decir: su salario representa aproximadamente el 75% de la media catalana. Y la serie 2004–2023 confirma la persistencia de esta jerarquía.

Veinte años de datos confirman la misma jerarquía salarial: las mujeres extranjeras, siempre al final.

Es importante remarcar un elemento de rigor: la EAES desagrega por nacionalidad (nacionalidad extranjera / nacionalidad española), no por lugar de nacimiento ni por trayectoria migratoria. Dicho de otro modo: una parte de la población de origen migrante que ya ha obtenido la nacionalidad española queda estadísticamente dentro de la categoría “española”; por ello, la desigualdad vinculada al origen y a la discriminación puede estar infraestimada. A partir de aquí, cuando hablamos de “mujeres migradas” lo hacemos como marco político y social: para señalar una realidad de discriminación que va más allá de la nacionalidad administrativa.

BARRERAS Y PRECARIEDAD ESTRUCTURAL

Y esto no es teoría. En la atención cotidiana que realizamos en los servicios de asesoramiento en extranjería vemos cómo esto se traduce en la dificultad de estas personas para obtener o renovar una autorización de residencia y trabajo, en itinerarios laborales interrumpidos, jornadas fragmentadas, rotación y cotizaciones irregulares que dificultan estabilizar derechos; y también en trayectorias de cualificación bloqueadas por retrasos en las resoluciones de homologación o por la infrautilización de competencias. El resultado es una doble pérdida: derechos que dependen de una relación laboral precaria y talento desaprovechado.

La brecha salarial se explica por desigualdades de género (segregación ocupacional, parcialidad involuntaria, penalización de los cuidados y barreras de promoción) y por discriminaciones por origen o racialización, especialmente en sectores con peores condiciones. Pero el análisis no puede quedarse solo en la dimensión económica: la brecha que afecta a las mujeres migradas también refleja racismo estructural en el mercado laboral. El origen, el acento o el color de piel siguen influyendo en el acceso al empleo, la estabilidad y la promoción, en una jerarquización a menudo silenciosa que asigna menor valor al trabajo de las personas racializadas. El trabajo del hogar y los cuidados es un ejemplo claro: en Cataluña, el 88,3% de la afiliación del sector es femenina y el 47,7% corresponde a personas extranjeras; y se estima que dos de cada cinco personas del sector trabajan en la informalidad. En la contratación, el 91,9% son mujeres y el 62,1% son personas extranjeras no comunitarias.

Como contexto, a escala estatal, un informe reciente de UGT señala que la brecha salarial más elevada para las trabajadoras extranjeras se da en el sector servicios (19,69%) y que, según la EPA 2022, el 70% de las ocupaciones de las trabajadoras procedentes del extranjero se concentran en empleos elementales (limpieza y servicio doméstico) y en restauración, cuidados personales y comercio. Estos datos no están desagregados para Cataluña, pero refuerzan una lectura coherente: la precariedad se acumula allí donde el sector servicios está más feminizado y peor reconocido.

EL SISTEMA LES EXIGE MANTENER UNA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA REGULAR, PERO EL MERCADO LES OFRECE EMPLEOS Y CONDICIONES MUY PRECARIAS

Además, esta precariedad choca con los requisitos administrativos. En determinadas autorizaciones de residencia y trabajo en España vinculadas al empleo por cuenta ajena, la normativa y la gestión de extranjería condicionan derechos a contratos y a mínimos de jornada y salario. Sobre el papel, estos requisitos deberían proteger; pero, en la práctica, en un mercado de rotación, jornadas fragmentadas y salarios bajos, pueden empujar a aceptar empleos precarios para acceder o mantener estos permisos. Se les exige estabilidad administrativa mientras el mercado les impone precariedad.

¡JUSTICIA LABORAL, YA!

Ante este escenario, desde AMIC-UGT de Cataluña denunciamos que la desigualdad salarial tiene rostro de mujer migrada y reclamamos medidas inmediatas que ayuden a revertir esta desigualdad:

  • Inspección y sanción efectiva ante discriminaciones salariales por sexo y por origen.
  • Negociación colectiva y planes de igualdad con datos desagregados que permitan actuar allí donde se concentra la desigualdad.
  • Políticas públicas de cuidados y corresponsabilidad que hagan posibles jornadas completas y trayectorias estables.
  • Agilización real de los trámites de homologación e itinerarios de cualificación para evitar la infrautilización del talento.
  • Reconocimiento social y económico del trabajo esencial que sostiene la vida y que continúa demasiado a menudo precarizado.

Hablar de igualdad salarial sin hablar de las mujeres migradas es explicar solo una parte de la historia. Hay que escuchar y poner en el centro a quienes viven esta doble desigualdad, porque no es solo economía: son derechos, dignidad y reconocimiento social.

La justicia laboral y social no puede dejar a nadie atrás.

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Fuentes: Idescat (EAES-INE), salario bruto anual por sexo y nacionalidad en Cataluña (2004–2023). Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo (Generalitat), El trabajo del hogar y los cuidados en Cataluña. Año 2024. Ministerio de Inclusión, criterios de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas al empleo. Informe de UGT: La brecha salarial baja. La desigualdad no desaparece.