AMIC Y UGT DE CATALUÑA VALORAMOS POSITIVAMENTE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO Y SU PUBLICACIÓN EN EL BOE PARA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
Pedimos al tejido empresarial y a las personas empleadoras más sensibilización y oportunidades laborales, y reclamamos al Gobierno más inspección de trabajo, orientación laboral y formación para que la medida tenga un impacto real.
Desde AMIC y UGT de Cataluña valoramos muy positivamente la aprobación del Real Decreto y su publicación en el BOE para la regularización extraordinaria de personas migradas. Es una medida necesaria que responde a una realidad social y laboral que persiste desde hace demasiado tiempo y que ha situado a miles de personas en escenarios de precariedad, inseguridad y falta de derechos plenos.
Ahora bien, la normativa incorpora un requisito que puede convertirse en un obstáculo para muchas personas: el informe de vulnerabilidad. El simple hecho de encontrarse en situación administrativa irregular ya comporta una vulnerabilidad evidente. Hablamos de personas que, por su situación de irregularidad, no pueden firmar un contrato y están expuestas a la explotación laboral; que tienen dificultades reales para acceder a una vivienda, abrir una cuenta bancaria o utilizar con normalidad determinados servicios y recursos. Por este motivo, consideramos que no era necesario exigir un documento específico emitido por una entidad, organismo o administración para acreditar una realidad ampliamente reconocida. Añadir este requisito solo incrementará las trabas burocráticas en un proceso que debería ser ágil y generará más dificultades a personas que ya se encuentran en una posición de desventaja.
Hablamos de personas que ya viven en nuestro país, que sostienen aquí sus proyectos de vida y que contribuyen cada día a la sociedad, pero que siguen encontrando obstáculos administrativos y laborales que dificultan su plena inclusión. Esta regularización representa una oportunidad para avanzar en dignidad, seguridad jurídica y cohesión social, y también para reducir la desprotección, combatir la economía sumergida y limitar espacios de explotación laboral.
Para que esta medida tenga un impacto real, es necesario que vaya acompañada de oportunidades efectivas de acceso al mercado laboral. Por ello hacemos un llamamiento al tejido empresarial y a las personas empleadoras para que actúen con responsabilidad, sensibilización y compromiso, facilitando oportunidades laborales reales que permitan consolidar procesos de autonomía y estabilidad. También trabajaremos para que la información sobre la contratación de personas trabajadoras extranjeras llegue con claridad a los centros de trabajo y para que el mundo laboral conozca el alcance de la medida y contribuya a hacerla efectiva con garantías.
Al mismo tiempo, reclamamos que esta regularización vaya acompañada de políticas públicas útiles y eficaces. Es imprescindible reforzar la inspección de trabajo para prevenir abusos y fraudes, ampliar los dispositivos de orientación laboral para facilitar itinerarios de inserción realistas y garantizar una oferta formativa accesible y ajustada a la realidad del mercado laboral.
Desde AMIC‑UGT seguiremos trabajando desde el asesoramiento, el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas migradas para que este proceso se desarrolle con garantías y con una mirada centrada en la dignidad. Defendemos que regularizar no es solo resolver una situación documental, sino reconocer derechos, favorecer la cohesión social y construir un mercado laboral más justo, más ordenado y con más oportunidades para todas las personas.
